Ayer se aprobó, en el Pleno de la Corporación del mes de octubre, de manera inicial la ordenanza fiscal reguladora  por la tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local para suministro de electricidad, gas, telefonía, etc. Esto supone que el Ayuntamiento podrá percibir, gracias a esta tasa, cantidades económicas reguladas por ley por el uso de espacios en suelo, subsuelo y vuelo por parte de estas compañías de suministro. Una medida que se aplica ya en más de 350 ayuntamientos de España.

El Ayuntamiento de Écija se suma así a la iniciativa de otras administraciones locales que fueron pioneras en regular de manera efectiva el uso que las compañías de suministro realizan de las vías públicas de los municipios. Una iniciativa que el Tribunal Supremo avaló en el año 2017, según afirma el Delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez. El consistorio ecijano cuenta para la elaboración de esta ordenanza y del informe económico/financiero de la misma con la entidad Practica Iuris, que nace en el seno de la Universidad de Almería y ya ha trabajado con otros consistorios, como el de Dos Hermanas, en la implantación de estas tasas.

Hasta ahora, la ley de haciendas locales es la que regula este tipo de tasas, si bien, según informa Sergio Gómez, las autoliquidaciones que las empresas de suministros llevan a cabo en la actualidad no se corresponden con el uso real de la vía pública. De este modo, el consistorio quiere llevar a cabo esta regulación que podría traducirse, según las primeras estimaciones, en entre 50.000 y 70.000 euros más para las arcas municipales, aunque se sospecha que estas cantidades podrían incluso ser superiores.

Por último, el Delegado ha dejado claro que estas tasas no van a repercutir en el consumidor final, pues son cantidades irrisorias para estas grandes corporaciones y la mayoría de  precios suministros están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La propuesta plenaria salió adelante con los votos a favor de todos los partidos de la corporación a excepción de Vox, que votó en contra y Ciudadanos, que se abstuvo.