Los grupos municipales ratifican la petición a la Junta de Andalucía para que ejerza su derecho de retracto en el caso de las viviendas de Estatuto de Autonomía.

En el día de hoy se reunía a las 9:00 h. una junta de portavoces extraordinaria en la que se ponían de manifiesto las declaraciones que ayer, la Consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, vertía a través de las ondas radiofónicas acerca de la intención de la Junta de Andalucía de no ejercer su derecho de retracto sobre las 91 viviendas sociales de Estatuto de autonomía, que fueron adquiridas mediante subasta pública por un fondo de inversión.

La noticia pillaba por sorpresa, en palabras de la portavoz del Gobierno, Rosa Pardal (que hablaba como portavoz de todos los grupos políticos municipales), al Gobierno Local que “no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto por parte de la Junta de Andalucía”, ante lo que se convocó de manera urgente esta junta de portavoces a la que ha seguido una reunión de los grupos políticos de la corporación con los vecinos afectados, que en muchos casos se encuentran en riesgo de exclusión.

En esta junta de portavoces se han ratificado todos los grupos políticos en el acuerdo plenario del mes de mayo por el que se pedía a la Junta de Andalucía que ejerciera ese derecho de retracto sobre las viviendas, así como el compromiso del Ayuntamiento en ejercer el mantenimiento de las viviendas una vez adquiridas. Se ha acordado volver a insistir a la Consejería en este punto, así como insistir de nuevo en la cita que, desde que se conoció la adquisición de estas viviendas por capital privado, se vienen solicitando a la administración autonómica para solucionar este problema.

Los vecinos, por su parte, según informa la portavoz del gobierno Municipal, Rosa Pardal, se han congratulado de que todos los grupos de la corporación apoyen la solución a su problema, aunque afirma que “quieren dar el paso a movilizaciones ante la Junta de Andalucía para solicitar ese derecho de retracto del que, además, no conocemos el plazo pertinente para hacerlo efectivo, ya que los 60 días establecidos por ley arrancan cuando la Junta de Andalucía haya recibido la notificación de la adquisición de las viviendas”. En todo, caso, ha afirmado la portavoz, “todos los grupos se han comprometido a acompañar a los vecinos a donde sea necesario para hacer valer sus derechos”.